Por Elena Steiger Reich y Harry Sandick el 11 de agosto de 2016, editado por David Zapp y Johanna Zapp
He aquí una causa que definitivamente responde una pregunta que muchos acusados y abogados han tenido.
En Jane Doe v. USA, 15-1967, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito anuló la concesión de la petición de la apelante de que se borraran todos sus antecedentes penales porque mantuvo que el juez de Distrito carecía de jurisdicción sobre el objeto del pedimento para que lo tomara en consideración.
La peticionaria (recurrente) fue culpada en el año 2001 por su participación en un plan de fraude contra los servicios de cuidado de la salud y el tribunal de Distrito le impuso una condena de cinco años de libertad a prueba (probatoria). En octubre de 2014, la peticionaria presentó un pedimento para que se suprimiera la condena de sus antecedentes penales porque, a pesar de haber llevado una vida ejemplar desde el 2001, no había podido retener un empleo debido a la condena en su expediente penal. Basándose en dos causas de apelación, el juez de primera instancia sostuvo que tenía jurisdicción para decidir el pedimento y lo concedió.
En la apelación, el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que el juez de Distrito carecía de jurisdicción para considerar el pedimento. Distinguió su decisión de la de Schnitzer, en la cual mantuvo que un juez tenía una jurisdicción incidente (complementaria) para borrar un expediente de detención después de una orden para el sobreseimiento de una causa penal, poniendo énfasis en que la decisión se limitaba a los expedientes de detención y no se extendía a los expedientes de una condena válida. Véase United States v. Schnitzer, 567 F.2d 536 (2d Cir. 1977). El juez Livingston en su concurrencia expresó escepticismo de que la decisión en Schnitzer fuera todavía una buena ley después de la decisión de la Corte Suprema en Kokkonen v. Guardian Life Insurance Company of America, 511 U.S. 375 (1994). De modo que debemos estar preparados para que también se impugne la supresión de los expedientes de detención.
El tribunal del Segundo Circuito hizo notar su compasión con la situación de la peticionaria y opinó que el Congreso podría conceder jurisdicción a los jueces para que consideren un pedimento de tal índole de acuerdo con estas circunstancias.