Por David y Johanna Zapp
Lo contenido en Utah v. Strieff, 136 S.Ct. 27 (2015), no anula Terry. v. Ohio (parar y requisar). Pero con seguridad hizo más difícil para los acusados ganar las mociones de suprimir evidencia en detenciones que comenzaron ilegalmente.
Esto es debido a que la Corte sostuvo que el descubrimiento, por parte de un oficial, de la existencia de una orden de detención pendiente, constituye un acto de intervención legal que generalmente anula el delito de arresto ilegal.
Sin embargo, la Corte ADEMAS indicó que un factor importante es saber si el oficial actuó de buena fe cuando realizo la parada original a fin de determinar si la evidencia debería ser suprimida. Específicamente señaló que los oficiales que realizan “barridas” deliberadamente o detienen personas sin ninguna sospecha individualizada, con la esperanza de encontrar personas con órdenes de detención pendientes, no actúan de buena fe. Los oficiales que participan en una “practica” común de paradas “Terry” ilegales tampoco estarían actuando de buena fe.
La Corte sugirió que , si el oficial no podía dar una razón específica, legitima dentro de la ley, para la parada o no estaba cerca de tener una sospecha razonable , el caso podría tener un resultado diferente.
El potencial para abuso es aparente. Un oficial podría detener una persona sin ninguna sospecha individualizada, encontrar una orden de arresto, y luego aducir que él o ella TENIA la sospecha del individuo. Esto tampoco ofrece mucho incentivo para que los oficiales se abstengan de parar gente que se acercan pero no tienen la sospecha individualizada requerida por Terry. Y Vd. sabe quien son esa “gente.”