Por Adam Liptak – 30 de marzo de 2016
Para el diario The New York Times
La decisión de la Corte Suprema el miércoles fue el resultado del procesamiento de una mujer de la Florida por fraude al Medicare que, conforme al gobierno, involucró $45 millones de dólares en cargos por servicios no necesitados o no existentes.
El gobierno no podría congelar activos necesarios para pagar por abogados de defensa criminal si dichos fondos no están vinculados a un crimen, dictaminó la Corte Suprema el miércoles en una decisión de 5-3.
Casi todas las ganancias del fraude de la Sra. Luis, según los fiscales, habían sido gastadas en la fecha en que los cargos fueron presentados. Los fiscales entonces solicitaron a un juez que congelara $2 millones de los fondos de la Sra. Luis que no estaban conectados al fraude, argumentando que ese dinero podría ser usado para pagar multas y proveer restitución en caso que ella fuera convicta. La Sra. Luis dijo que ella necesitaba el dinero para pagar a sus abogados.
El juez expidió una orden congelando los fondos de la acusada. Dicha orden, según el dictamen de la Corte Suprema del miércoles, violó el derecho de la Sexta Enmienda de la prohibición de indefensión.
El Juez Stephen G. Breyer, en una opinión de mayoría, dijo que el caso era simple. El gobierno puede incautar, escribió el Juez Breyer, “el botín de un ladrón, la cocaína de un traficante, las herramientas de un ladrón, u otros bienes asociados con la planeación, implementación, o encubrimiento de un crimen.” Pero este no puede, dijo él, congelar dinero u otros activos no conectados al crimen.
El punto crucial, escribió el Juez Breyer, era que la prohibición de indefensión es una garantía constitucional fundamental, mientras que el interés del gobierno en recobrar dinero es simplemente importante.
El Juez Clarence Thomas, el archi-conservador, estuvo de acuerdo. Si la prohibición de indefensión es una garantía constitucional fundamental, ésta no puede sopesarse frente a otros intereses.
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