United States v. Anderson, No. 13-4152-CR (Segundo Circuito – 24 de noviembre de 2013) (por los jueces de apelación Parker, Lynch, y Carney).
Después de detener el auto del acusado por una infracción de tráfico, la policía estatal arrestó a la esposa del acusado, Crystal, que iba como pasajera, porque creían que ella llevaba drogas ocultas en su persona. Los policías estatales llevaron a Crystal al cuartel de la policía, la esposaron a una silla y le dijeron que estaban solicitando una orden judicial para un registro de cavidades del cuerpo. Un juez estatal denegó la solicitud, pero los policías estatales le ocultaron este hecho a Crystal. En vez de ello, durante varias horas de detención le dijeron falsamente a Crystal que sería llevada a un hospital donde se llevaría a cabo el registro de su cuerpo, le dijeron falsamente que su esposo la había inculpado en el narcotráfico, y rehusaron sus peticiones repetidas de ver una orden judicial firmada. Al fin y al cabo, Crystal firmó una renuncia a sus derechos según Miranda, admitió que había drogas escondidas en su vagina. Sacó las drogas y se las entregó a los policías estatales.
Antes del juicio del acusado (su esposo) en el Distrito de Vermont (Crystal ya se había declarado culpable), el juez de distrito (Reiss, C.J.) otorgó el pedimento del acusado de excluir las drogas, decidiendo que su admisión violaría los derechos sustantivos del debido proceso porque fueron obtenidas mediante una conducta de los agentes del orden público que sacudía la consciencia.
En la apelación, el gobierno concedió que la conducta de los policías estatales había violado los derechos sustantivos al debido proceso de Crystal según la Quinta Enmienda, pero alegaron que el acusado no podía fundamentar en lo que le sucedió a la esposa una reclamación de sus derechos sustantivos al debido proceso con el fin de que se excluyeran las drogas. Basándose en United States v. Payner, “Las limitaciones de la Clásula del Debido Proceso. . . entran en juego solamente cuando la actividad en cuestión del gobierno viola algún derecho protegido del acusado”. El tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo y revocó la decisión. Según el punto de vista de los jueces de apelación, el caso de Payner “descartaba, sobre fundamentos de derechos sustantivos al debido proceso, la exclusión de las pruebas físicas obtenidas mediante un registro flagrantemente ilegal dirigido a alguien que no fuera el acusado.
El Tribunal dejó abierta la posibilidad de que el debido proceso sustantivo pudiera algunas veces requerir la exclusión de pruebas físicas obtenidas mediante una conducta indignante del gobierno en contra de una tercera parte. Tal conducta intolerable, sin embargo, tendría que ser una “tortura” o de otro modo tendría que superar tanto los límites de lo aceptable en una sociedad civilizada que ningún tribunal podría consentirla”.