Por La Junta Editorial del diario The New York Times, 4 de enero de 2014.
En el sistema de justicia, los fiscales tienen la potestad de decidir los cargos penales que van a a presentar y como que el 97 por ciento de las causas se resuelven sin la celebración de un juicio oral, esas decisiones son case siempre el factor más importante en el resultado. Por eso es tan importante para los fiscales ser justos y no sencillamente ganar. Esta obligación se encuentra plasmada en lo que sostuvo la Suprema Corte en 1963 en la causa Brady v. Maryland, la cual requiere que los fiscales proporcionen a la defensa cualquier evidencia exculpatoria que podría afectar esencialmente un veredicto o sentencia.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, los fiscales estatales y federales no cumplen con este deber constitucional, y con demasiada rareza los tribunales los hacen responsables. El mes pasado, Alex Kozinski, juez principal del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Distrito, emitió la acusación más punzante de este fallo sistémico que se haya dado recientemente. “Hay una epidemia de violaciones de Brady extensamente en el país”, escribió el Juez Kozinski al disentir de una decisión en contra de un hombre que argumentó que los fiscales habían retenido evidencia crucial en si causa. “Solamente los jueces pueden frenar esto”. El acusado, Kenneth Olsen, fue culpado de producir ricina, un veneno tóxico, para ser usado como un arma. Los fiscales federales sabían –pero no se los dijeron a sus abogados ni al juez—que una investigación del científico forense del gobierno, cuyas pruebas de laboratorio fueron críticas en la causa, había revelado múltiples ocasiones de trabajo descuidado que había llevado a sentencias condenatorias injustas en casos anteriores. Un tribunal estatal determinó que el científico era “incompetente y cometió una (falta de ética laboral crasa) (grave conducta dolosa”.
A pesar de ello, la mayoría del panel federal del tribunal de apelaciones decidió que la evidencia en general de la culpabilidad el Sr. Olsen –que incluyó los sitios web que visitó y los libros que compró—era tan abrumadora que el que no se hubiera revelado el despido del científico no habría cambiado el resultado.
Esta es la respuesta demasiado común de los tribunales cuando confrontan violaciones de Brady. El Juez Kozinski estaba en lo correcto al reprender a la mayoría permitiendo que los fiscales se negaran a entregar la evidencia “con tal que sea posible que el acusado hubiera sido culpado de todos modos”, como escribió el juez. Esto crea un “peligro moral serio”, añadió el juez, en particular porque a los fiscales nunca se les castiga por falta de ética profesional. De acuerdo con el Centro para la Integridad de los Fiscales, múltiples estudios realizados en los últimos 50 años muestran que los tribunales castigaron la falta de ética profesional en menos del 2 por ciento de los casos en los cuales ocurrió. Y raras veces fue más que una amonestación menor, tal como hacer que el fiscal pagara por el costo de la audiencia disciplinaria.
Las violaciones de Brady, por su propia naturaleza, son difíciles de detectar, pero el Juez Kozinski no tuvo dificultad en citar más de dos docenas de ejemplos de tribunales federales y estatales en unos cuantos de los últimos años, y esos seguramente son la punta del iceberg. De acuerdo con el Registro Nacional de Exoneraciones, el 43 por ciento de las sentencias condenatorias injustas son el resultado de mala praxis oficial.
El problema con Brady es estructural en muchos modos. Los fiscales tienen la tarea de decidir cuando un medio de prueba sería útil para la defensa. Pero como tienen el trabajo de creer en la culpabilidad del acusado, tienen poco incentivo en entregar, digamos, un solo medio de prueba exculpatoria cuando tienen lo que ellos ven como una montaña de evidencia que prueba la culpabilidad. La falta de consecuencias profesionales por no revelar los medios de prueba exculpatorios hace que ese incumplimiento del deber sea más probable. Como escribió el Juez Kozinski, “A algunos fiscales no les importa Brady porque los tribunales no hacen que les importe”.
Los tribunales deben hacerle caso al llamado del Juez Kozinski, pero se necesitará más que el apoyo de los jueces para arreglar el problema. Las fiscalías deben adoptar la norma de un “expediente abierto”, lo cual puede significar que, como regla general, se entregue toda la evidencia exculpatoria, reduciendo de ese modo el potencial de errores.
La lucha contra la conducta dolosa de los fiscales no es solamente sobre la cuestión de proteger al inocente. Como escribió el Juez Kozinski, es sobre la cuestión de preservar “la confianza del público en nuestro sistema de justicia”, y el fundamento del imperio de la ley.