NYTimes – Por Adam Liptak, Publicado el 16 de octubre de 2013
“WASHINGTON — Kerri y Brian Kaley, una pareja de Nueva York, no podía contratar un abogado para defenderse contra cargos penales graves debido a que el gobierno le había congelado sus bienes. Esto parece que les ocasionó un problema a varios jueces de la Corte Suprema durante un argumento que tuvo lugar el miércoles.
“Los Kaley estaban acusados de participar en un plan para obtener y vender artefactos médicos recetados. Ellos dijeron que era probable que ganaran en un juicio porque nadie había sido perjudicado por su conducta, un punto que dos de los jueces consideraron creíble. La reparación judicial que los Kaley realmente trataban de obtener era considerablemente limitada. No impugnaban el marco general establecido por un par de decisiones de 1989 de la Corte Suprema, las cuales dictaminaron que era permisible congelar los bienes antes de un juicio penal, aun cuando eso frustrara la capacidad de un acusado para contratar un abogado, con tal que hubiera motivo fundado para el proceso indicando que se había cometido un delito y que los bienes estaban vinculados a las infracciones descritas en la acusación formulada por el gran jurado. Todo lo que los Kaley trataban de lograr era una audiencia en la cual podrían tratar de demostrar que tenían derecho a usar su dinero para defenderse porque los cargos en su contra tenían puntos débiles.
“El Juez Antonin Scalia dijo que no se sentía cómodo con el paso modesto de permitir una audiencia, pero que podría considerar uno más audaz, y dijo: ‘Para salvar a su cliente, preferiría un dictamen que diga que uno no puede impedir, aunque haya una acusación de un gran jurado, que el acusado use los fondos que tenga en su posesión para contratar un abogado. No necesito una audiencia’.
“Más tarde, durante el argumento, propuso otra solución, diciendo: ‘No me gusta poner en tela de juicio la decisión de un gran jurado, pero ¿por qué no podríamos decir que cuando uno va a quitar los fondos que son necesarios para contratar a un abogado para la defensa, se necesita algo más que un motivo fundado?’ y preguntó ‘¿No podríamos inventar eso?’
“Algunos jueces trataron de evaluar las consecuencias prácticas de permitir las audiencias solicitadas. La Juez Elena Kagan dijo que, en ninguna de las 25 audiencias celebradas en una parte del país que las permite, los acusados habían prevalecido, de modo que preguntó: ‘¿Para qué vamos a pasar por todo este embrollo con la perspectiva de que al final el resultado sea el mismo?’ El Juez Principal, John G. Roberts Jr., que resultó ser el principal defensor de los Kaley, dijo que esas estadísticas eran solamente una parte del panorama general, y preguntó: ‘¿Quién sabe cuántos cientos de veces el gobierno hubiera tratado de confiscar los bienes, pero no lo hizo porque sabía que tendría que justificarlo en una audiencia?’
“[El fiscal] dijo que las determinaciones de motivo fundado para el encausamiento del gran jurado con frecuencia sirven como base para encarcelar a un acusado hasta que se celebre el juicio. De ahí que tales determinaciones, dijo él, puedan servir también como base para congelar un dinero contaminado. El Juez Principal Roberts rechazó la comparación. Dijo: ‘No es que la propiedad sea más valiosa que la libertad ni nada por el estilo. Es que la propiedad se puede usar para contratar a un abogado que puede mantener [al acusado] fuera de la cárcel por los próximos 30 años. De modo que los paralelos no me parecen útiles’.
“[El fiscal] dijo que requerir las audiencias podría permitir que los acusados examinaran prematuramente las pruebas de cargo que se presentarían, pondría en riesgo a los testigos de cargo y frustraría los esfuerzos de pagar restitución a las víctimas de delitos. El Juez Principal Roberts irrumpió sobre este último punto. Dijo que una audiencia también podría establecer si había habido algunas víctimas, una cuestión en disputa en la causa.
(Kaley v. United States, No. 12-464).
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