La Fianza: vale la pena intentar
United States v. Briggs, No. 12-2988-Cr (2d Cir. 5 de octubre de 2012)
A Antonio Briggs se le imputó haber formado parte de una gran conspiración de drogas que involucró a múltiples acusados, recibió una orden de detención en septiembre de 2010 y permanece detenido hasta el día de hoy. En su apelación, él reclamó que su larga detención previa al juicio lo privó de debido proceso.
Aunque el Circuito estuvo claramente preocupado por la duración de la postergación, este dictaminó que hasta el momento no se había dado ninguna violación del debido proceso. Sin embargo, el tribunal de apelaciones ordenó que el tribunal del distrito o comenzara su juicio, o estableciera una fianza razonable para él, el 1 de febrero de 2013 o antes.
El Circuito notó que las razones citadas por el tribunal del distrito para haber detenido a Briggs desde el comienzo fueron válidas: era un caso presunto, y ambas la exposición de Briggs a una posible condena y el peso de las pruebas del gobierno sustentaban la detención inicial. Y desde ahí, la mayor parte de la tardanza de más de dos años, aunque no necesariamente culpa de Briggs, fue el resultado de “peticiones repetidas,” en muchas de las cuales Briggs participó, y de un abundante ofrecimiento de pruebas.
No existe un “límite definitivo en la duración de la detención previa al juicio.” El debido proceso requiere un balance entre varios factores: la duración de la detención, la complejidad del caso, y el grado hasta el cual el gobierno es responsable por la tardanza. Aquí, el tribunal del distrito balanceó estos factores correctamente y concluyó que “la totalidad de las circunstancias” no apoyó una conclusión de que el derecho de debido
proceso de Briggs fue violado. El circuito estuvo de acuerdo, pero
“enfatizó que estamos profundamente preocupados por la duración de la detención de Briggs.” Las “declaraciones repetidas” en otros casos de que la duración de la detención por sí misma no autoriza “detenciones de duración indeterminada simplemente porque los otros factores relevantes pesan en contra del acusado.” Aunque no existe un “límite definitivo,” dijo el tribunal, de hecho sí existe un límite, y el caso de Briggs se “acerca al límite de lo que el debido proceso puede tolerar.” El tribunal ordenó que el tribunal del distrito comenzara el juicio o estableciera condiciones de fianza a más tardar el 1 de febrero de 2013.
Comentario:
Este caso debería interesarle a los presos extraditados cuyos casos en ciertos distritos de EE.UU. están avanzando muy lentamente; casos que son postergados frecuentemente simplemente porque los fiscales de EE.UU. no tienen las pruebas necesarias de Colombia, aunque las mismas hayan estado disponibles a los Estados Unidos por años, en algunos casos. En Colombia, los acusados son extraditados después de esperar por lo menos un año en custodia.
Estos arrestos ocurren meses o años después de que las pruebas son reunidas y alistadas. En Nueva York, por ejemplo, las pruebas son entregadas en menos de un mes, a veces en dos semanas. Pero en distritos lentos, los acusados extraditados pueden pasar meses sin recibir las pruebas en su contra y eso es inexcusable.
¿Qué se puede hacer? Si un acusado exige sus pruebas inmediatamente, su petición no servirá de nada. El juez de primera instancia puede negar su solicitud a sabiendas que el acusado no podrá apelar dado que dicha petición no se puede apelar hasta que el caso se haya cerrado en ese tribunal. Pero un acusado siempre puede presentar una petición de fianza que se puede apelar inmediatamente.
Eso precisamente fue lo que el acusado Briggs hizo y lo que él recibió fue una declaración del tribunal de apelaciones que dijo que este estaba “profundamente
preocupado por la duración de la detención de Briggs,” y eso es precisamente lo que usted quiere que ellos digan. Con eso, el tribunal de primera instancia recibirá el mensaje. Cualquier acusado que se encuentre frustrado de forma similar debería considerar una petición de fianza con base en la tardanza. Usted podrá no recibir la fianza, pero sí obtendrá la acción que usted desea.
– David Zapp
¿La ley o el orden? El orden siempre gana
United States v. Carter, No. 11-3605-Cr (2d Cir. 28 de septiembre de 2012)
La “cláusula de parsimonia” del estatuto de imposición de la condena, 18 U.S.C. § 3553(a) requiere que el tribunal imponga una condena que no sea “más larga de lo necesario” para cumplir los objetivos de la imposición de condena. Sin embargo, muchos estatutos de ofensas, contienen una condena mínima mandatoria: una “determinación franca que pueda requerir que los jueces otorguen condenas que ellos puedan considerar excesivamente punitivas.”
En su apelación, Carter, quien recibió una condena mandatoria de diez años (el doble de cinco debido a su previa convicción por delito grave) argumentó que su mínimo no comprometía al tribunal del distrito porque el estatuto de drogas no anulaba directamente la cláusula de parsimonia. Un argumento intrigante, pero el tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo, y afirmó la decisión del tribunal de primera instancia.
Las “provisiones generales en § 3553(a)” deben “darle paso a provisiones mandatorias específicas en otras partes del código criminal.” Las consideraciones en § 3553(a) “no pueden cancelar” un mínimo mandatorio estatutario.
Tribunal protege a acusado
United States v. White, No. 11-772-Cr (2d Cir. 30 de agosto de 2012)
Aquí, un panel del circuito dividido concluyó que dos errores concernientes a las
pruebas perjudicaron el resultado del juicio de Lance White por delincuente convicto en posesión de arma de fuego. El tribunal anuló la convicción y reenvió el caso para un nuevo juicio.
1. Preclusión errónea de los arrestos y decisiones de acusaciones de otros
El caso involucró la detención de una minivan en la que se encontraban White y a cuatro mujeres. Oficiales de policía encontraron tres armas de fuego, una supuestamente en el bolsillo delantero derecho de White. Dos otras fueron recobradas de una cartera que le pertenecía a una de las mujeres, Jennings. Inicialmente, todos los cinco individuos fueron procesados en el tribunal estatal con posesión de las tres armas. Eventualmente el estado retiró todos los cargos en contra de tres de las mujeres. Con respecto a Jennings, el estado imputó cargos solamente por las armas encontradas en su bolso. Pese a la objeción de White, el tribunal del distrito otorgó la petición del gobierno de impedir que White introdujera pruebas de la decisión inicial de imputar a todas las mujeres el crimen de cargas todas las armas de fuego, encontrando que dichas prueba era categóricamente inadmisible.
Pero el circuito encontró que esto fue un error. Un acusado tiene un amplio derecho de presentar pruebas “que tiendan a probar que otra persona pudo haber cometido el crimen” que se le imputa. Dichas pruebas pueden incluir las decisiones sobre los cargos presentados por el gobierno – dichas decisiones “pueden ser temas apropiados para contra-interrogatorio y argumento si son consideradas admisibles de alguna forma,” aunque ellas no son permisibles por sí mismas. “Los tribunales de distrito no pueden excluir dichas pruebas automáticamente sin ninguna indagatoria con respecto a su relevancia y valor probatorio.”
Aquí, las pruebas eran relevantes al asunto de si White poseyó un arma de fuego – “prueba de que las otras ocupantes del vehículo fueron acusadas de poseer el arma de fuego que presuntamente fue hallada en el bolsillo de White era plenamente relevante a la cuestión” de si él siquiera poseyó el arma de fuego tal como la policía acusó. Esas decisiones con relación a los cargos por parte de fiscales del Estado “podrían de hecho” haber “causado que un jurado dudara el testimonio de los oficiales que incautaron el arma de fuego en cuestión de la persona de White,” particularmente dado que este era el único “asunto significante en el juicio.” En Nueva York, la así llamada “presunción
de automóvil” crea una presunción de que todos los ocupantes de un automóvil poseen un arma de fuego encontrada en el mismo, excepto cuando el arma se “encuentra en la persona de uno de los ocupantes.” Por lo tanto, el hecho que el estado originalmente decidió imputar a todas las cuatro mujeres con todas las armas, incluyendo la que presuntamente se encontró en la persona de White, apoyó su teoría de que “ninguna de las armas de fuego fue encontrada en la persona de él” y desacreditó “el testimonio de los agentes de policía de lo contrario.”
El tribunal del distrito tampoco estuvo correcto al rechazar esta prueba relevante bajo la Regla Federal de Evidencia Criminal No. 403. De hecho el balanceo del tribunal de la Regla 403 (relevancia versus prejuicio) fue en contra del acusado porque el tribunal ya había sostenido que dicha evidencia no era relevante. Aquí, un balanceo apropiado hubiese mostrado que el valor probativo de la evidencia era, de hecho, “alto” – crucial para probar” la teoría de la defensa. Por lo tanto, el prohibir la prueba fue un error.
2. Restricción de contra-interrogatorio
El tribunal del distrito también erró al evitar que la defensa contra-interrogara uno de los agentes que realizaron el arresto con respecto a un hallazgo adverso sobre su credibilidad en su contra en un caso diferente de un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego. El Tribunal de Apelaciones emplea una “lista no exhaustiva de factores que pesan sobre la admisibilidad de hallazgos previos concernientes a la credibilidad.”
Aquí, la totalidad de los factores pesó fuertemente a favor de la admisibilidad. El testimonio previo de la policía que fue encontrado ser falso “fue hecho bajo juramento en un procedimiento penal” y “plenamente involucró un asunto importante en cuestión” en el caso previo. El falso testimonio previo tomó lugar “solo unos meses antes del juicio de White” (por lo tanto era propicio), y los motivos del oficial eran los mismos en ambos casos: un “intento de obtener una convicción.” Finalmente, el oficial de policía no dio “ninguna explicación de las previas inconsistencias en su testimonio.” Por lo tanto, la previa credibilidad adversa del policía era “relevante y bastante probativa” aquí.
3. Los errores no fueron nada inocuos Aquí, las pruebas que el tribunal del
distrito excluyó “abordaban directamente el elemento crítico” del caso del gobierno; el haberlas suprimido “evitó que White hubiera presentado una defensa completa.” Esto es verdad a pesar de que los otros agentes incautaron un arma del bolsillo de White. Era “ciertamente posible” que el jurado, “si se le hubiese presentado razones para dudar” el testimonio de un policía “similarmente hubiese cuestionado el testimonio” de los otros.
4. La disidencia
El Juez Principal Jacobs disintió en ambos puntos. Con respecto a la decisión de qué delitos imputar, él creyó que las pruebas fueron excluidas apropiadamente bajo la Regla 403. La dificultad de explicar la ley estatal concerniente a la admisibilidad de las pruebas tal vez hubiera podido confundir al jurado. Y, pese a que el Juez Jacobs aceptó que el tribunal del distrito aplicó un estándar legal incorrecto para evaluar la admisibilidad del hallazgo previo sobre la credibilidad, él hubiera ordenado el reenvío del caso al tribunal de primera instancia para considerar los factores legales involucrados al hacer la determinación.
(Agradecimientos especiales a Steve Stansinger y al resto de los Defensores de Oficio de Nueva York por estos resúmenes de casos delineados en el blog de su organización.)