Por Ángela Davis
Ángela J. Davis es profesora de derecho en American University. Ella es la previa directora del Servicio de Abogados de Oficio del Distrito de Columbia y la autora de “Justicia Arbitraria: El Poder del Fiscal Norteamericano.”
Publicado en el diario The New York Times el 19 de agosto de 2012
Los fiscales son los funcionarios más poderosos en el sistema de justicia penal. Ellos deciden si cargos criminales deben ser presentados y cuales deberían ser, y ellos cuentan con una discreción casi ilimitada al hacer esas decisiones cruciales. Solo los fiscales deciden si le ofrecen al acusado la opción de declararse de cargos reducidos. Cuando se considera el hecho de que más de 95 por ciento de todos los casos criminales son resueltos con declaraciones de culpable, queda bastante claro que los fiscales controlan el sistema de justicia penal a través de su poder de acusar formalmente y negociar acuerdos de culpabilidad.
El poder irregulado en las manos de los fiscales es una amenaza tan grande a nuestra democracia como lo sería en manos de cualquier otro funcionario del gobierno, o talvez aún mayor.
Igualmente problemático es el
hecho de que las decisiones de imputar delitos y de las negociaciones son hechas a puerta cerrada, y los fiscales no requieren justificar o explicar esas decisiones a nadie. Si un fiscal trata a dos acusados en posiciones similares de forma diferente—enjuiciando a uno en vez del otro u ofreciéndole un acuerdo de culpabilidad mejor a alguno—es casi imposible desafiar ese trato disimilar. La falta de transparencia en la función de la fiscalía también lleva a la mala conducta, tal como la omisión de pruebas exculpatoria—una ocurrencia común hecha famosa por los fiscales en el caso del Equipo de lacrosse de Duke University y el caso del Senador Ted Stevens.
Vivimos en una democracia en la que responsabilizamos a aquellos a quienes damos poder, pero no hacemos lo suficiente cuando se trata de los fiscales. Fiscales estatales y locales presumiblemente se responsabilizan por medio del proceso electoral, aunque muy pocos votantes saben lo suficiente sobre la función del fiscal como para tomar una decisión significativa en la casilla del votante. Cuando los fiscales hacen campaña para ser elegidos, ellos no discuten sus políticas de enjuiciamiento y acuerdos de culpabilidad (si tales políticas de hecho existen). A excepción de unos pocos, la mayoría de fiscales basan sus campañas en un mensaje de “intolerancia al crimen” sin proveer suficiente información sobre otras cosas. Existe aún menos responsabilidad a nivel federal, en el cual los fiscales son elegidos por el Presidente.
La Corte Suprema ha deferido constantemente a los fiscales en una serie de casos, incluyendo reclamos de enjuiciamiento con base racial y omisión de presentación de pruebas exculpatorias. La administración de los colegios de abogados rara vez presentan cargos en contra de los fiscales que han violado reglas éticas.
Las decisiones de los fiscales frecuentemente resultan en la pérdida de la libertad y hasta la vida. Debemos hacer un mayor esfuerzo por responsabilizar a los fiscales –tanto en la casilla del votante así como por medio de procesamientos por parte del colegio de abogados cuando sea apropiado.