Alrededor de diecisiete meses atrás, un acusado colombiano, en vez de esperar ser deportado a los Estados Unidos, se entregó a las autoridades federales. Sin embargo, el acusado no venía a los Estados Unidos a declararse culpable de cargos de narcotráfico tal como el gobierno lo esperaba. El gobierno lo amenazó con juicio. Los fiscales le dijeron que ellos tenían paramilitares “cooperadores” (el nuevo término) —que lo podrían condenar, y él se iría a la cárcel por el resto de su vida. El acusado no se inmutó.
El contrapunteo continuó por meses, pero finalmente el gobierno se dio por vencido. En vez de llevar a juicio al acusado, el gobierno aceptó su declaración de culpable a un cargo de lavado de dinero tan viejo (de catorce años atrás) que el acusado tuvo que renunciar a su derecho de objetar al procesamiento por un caso tan viejo. Como parte del acuerdo, el acusado tendría que pagar una multa alta, ¿pero cómo podría el gobierno constatar el pago de una multa por un acusado sujeto a la deportación? A la hora de imponer la sentencia, el juez impuso “tiempo cumplido en prisión” y el acusado se fue a su casa.
Entonces ¿por qué se rindió el Gobierno si tenían un caso tan sólido? Porque finalmente se dieron cuenta que estos testigos paramilitares cargaban el peso de tantos “previos actos malos” que ningún jurado les creería—por lo menos no un jurado unánime. Los fiscales podrían argumentar algo por el contrario, pero no hay otra explicación. Ellos tenían al acusado, ellos tenían la acusación formal, ellos tenían los testigos, y ellos creían que el acusado era culpable—y hasta este día lo hacen.
Yo he venido diciendo por medio de estos boletines desde que los paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos que iba a ser difícil legalmente así como políticamente para el Gobierno americano condenar a esta gente y que ellos no deberían cooperar hasta que ellos a) fueran devueltos a Colombia o b) les ofrecieran un acuerdo de culpabilidad satisfactorio. Pero los paramilitares no escucharon, y la mayoría de ellos se declararon culpables—para el gran alivio de los fiscales estadounidenses.
Que el Gobierno se hubiera rendido en este caso no fue sorprendente. Fue perfectamente razonable.
David Zapp