El artículo siguiente con relación a la ley de tres delitos fue publicado recientemente en el diario The New York Times. Llama la atención al tema frecuentemente ignorado del encarcelamiento excesivo.
El Juez Anthony Kennedy habló este mes en California sobre las sentencias de prisión excesivas, criticando la equívoca ley de tres ofensas del estado. Fue un mensaje bienvenido, impartido con una fuerza inusual. Gran parte de la culpa la tiene la Corte Suprema, la cual confirmó dicha ley en una decisión en la cual el Juez Kennedy tomó el voto decisivo.
El tono general de la charla del Juez Kennedy a la Escuela de Leyes de la Universidad Pepperdine fue “cortés y humoroso,” de acuerdo al diario Los Angeles Times. El se volvió más serio, sin embargo, cuando empezó a hablar sobre el encarcelamiento. Las sentencias en los Estados Unidos son ocho veces más largas que aquellas dictadas en Europa, dijo el Juez Kennedy. California tiene 185,000 personas en prisión a un costo de $32,500 por año por cada uno, dijo. El urgió a los votantes y a los oficiales electos a comparar lo que los contribuyentes gastan en prisiones con lo que gastan en la educación elemental.
El Juez Kennedy le dio atención especial a la ley de los tres delitos, la cual pone a la gente tras las rejas por un período de desde 25 años hasta la cadena perpetua si cometen un tercer delito grave, hasta uno sin violencia. El patrocinador de la ley, añadió él, es la Unión de los Oficiales de Correcciones, “y eso es repugnante.”
La crítica estuvo en lo correcto. La población carcelaria del estado ha escalado como resultado de las severas leyes de sentencias y reglas de libertad condicional. California recibió órdenes de las cortes de rebajar la población de su sistema de prisiones, el cual tiene un exceso de presos y carece de la capacidad de proveer cuidado médico adecuado a los presos.
Bajo la ley de los tres delitos, un hombre llamado Gary Ewing fue sentenciado a una condena de 25 años hasta la cadena perpetua por robarse tres palos de golf de una tienda de artículos profesionales de golf.
El señor Ewing disputó su sentencia ante la Corte Suprema como una violación de su derecho de acuerdo a la Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos contra el castigo cruel e inusual. Por un voto de 5-4, con el Juez Kennedy en la mayoría, la Corte rechazó el argumento. Aquellos en desacuerdo estuvieron en lo correcto, al declarar que la sentencia del Sr. Ewing fue tan desproporcionada a su crimen que debió haber sido declarada inconstitucional.
No es que la corte sea insensible a los castigos excesivos. Esta los ha desechado rutinariamente – cuando son en contra de corporaciones. En el 2003, el año en que la corte rechazó el caso del Sr. Ewing, la corte revocó una indemnización de daños punitivos de $145 millones de dólares contra la compañía State Farm Mutual Automobile Insurance por ser tan excesiva que sería una violación de la cláusula de debido proceso de la 14ª Enmienda.
El Juez Kennedy tiene la razón al decir que oficiales electos y votantes deberían prestar más atención al fenómeno del encarcelamiento excesivo. Pero las cortes también deben poner de su parte al exigir el cumplimiento de las prohibiciones constitucionales sobre el castigo excesivo en casos que envuelvan a personas, así como a corporaciones.