Cuando el Departamento de Policía Nueva York (NYPD) en el Bronx realiza un registro cuyo resultado es la confiscación de un arma de mano, siempre existe una posibilidad de que los policías adapten su testimonio en el tribunal para defender el registro. Esto puede que no sea una conclusión científica, pero la experiencia lo confirma. La causa titulada U.S. v. Prince Gaines, 2d Cir. de julio 20 de 2006 es un ejemplo de ello.
Tarde por la noche en un día de enero, Prince Gaines fue recogido por un auto de alquiler en una esquina en las calles del Bronx. Poco después, el taxi fue parado por la policía. El oficial Cilento se acercó al taxi, abrió la parte de atrás del lado del pasajero y le dijo a Gaines que saliera mientras él llevaba a cabo un registro del asiento de atrás. El oficial encontró un arma de mano de pequeño calibre metida a presión entre el cojín del asiento y el respaldar del asiento. Gaines fue arrestado, y, debido a su historial delictivo anterior, sus antecedentes penales, fue acusado de un incumplimiento de 18 U.S.C. § 922(g), una disposición que le prohíbe a aquellas personas culpadas de un delito poseer un arma de fuego o munición. Cuando el caso fue a juicio, Gaines encaraba hasta 96 meses de encarcelamiento.
La mañana en que se había señalado el comienzo del juicio, el abogado de Gaines presentó una petición para que se excluyera como prueba el arma de mano confiscada durante el registro del taxi. El abogado afirmó que la policía había dado explicaciones conflictivas con respecto a haber parado el taxi, y , además, que el Oficial Cilento había reconocido a Gaines cuando él se subió al taxi – Cilento había parado anteriormente a Gaines por tenencia de marihuana. En vista de la moción, el juez decidió llevar a cabo una breve vista de exclusión de pruebas antes del comienzo del juicio propiamente dicho, con el fin de determinar si el arma de mano podía ser usado como medio de prueba.
En respuesta a un aumento alarmante en los asesinatos de choferes de taxi en el año 2000, el que era entonces alcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordenó a todas las compañías de autos de alquiles que instalaran un separador a prueba de balas o cámaras de seguridad en sus taxis como una medida adicional de seguridad. Los taxis equipados con cámaras de seguridad tienen que exhibir una pegatina que así lo indique. En la vista de exclusión de pruebas, el Oficial Cilento testificó que él había parado a Raúl Juárez, el dueño y chofer del taxi, porque se pudo dar cuenta que no había separador entre los asientos del frente y los asientos de atrás del taxi. El oficial testificó, además, que pudo darse cuenta de esto a pesar del hecho de que era difícil ver a través de las ventanillas coloreadas del auto en la oscuridad. A pesar de que el Sr. Juárez tenía una pegatina en una de las ventanillas del taxi indicando que tenía instalada una cámara de seguridad, el Oficial Cilento afirmó no haberla visto. Como resultado de sus declaraciones en la audiencia, “[el juez] determinó creíble la manera [de Cilento],” y denegó la moción de Gaines para que se excluyera el arma.
Una vez que el juicio por jurado se estaba llevando a cabo, se puso en duda el testimonio de Cilento cuando Raúl Juárez, el chofer del taxi declaró desde el banquillo de testigos. Este es uno de los beneficios de un juicio. Los hechos de la causa se presentan mucho más ampliamente en un juicio que en una vista preliminar enfocada en una sola cuestión. En el juicio, el fiscal por lo general trata de presentar el cuado de hechos de un modo más amplio para que el jurado tenga una comprensión completa del caso. Por ese motivo, sin duda, el fiscal en el caso U.S. v. Prince Gaines hizo que Juárez identificara su taxi como el que había sido parado durante el arresto, y le pidió que describiera las características distintivas del taxi. Aquí estaba una persona de la población civil que no tenía interés en el resultado del caso, y que claramente no estaba parcializado hacia ninguna de las partes. Al describir su auto, Juárez dijo con toda tranquilidad que las ventanillas no eran coloreadas, contradiciendo directamente parte del testimonio del Oficial Cilento durante la vista de exclusión de pruebas. Si el acusado se hubiera declarado culpable, una vez que su moción de exclusión de pruebas fue denegada, para evitar ir al juicio, el defecto en las pruebas de la fiscalía nunca hubiera salido a la luz.
Cuando el juicio estaba ya finalizando, el juez se dirigió a los integrantes del jurado antes de que comenzaran sus deliberaciones. Debido a que Gaines había testificado en su defensa, el juez instruyó al jurado que, “…el acusado tiene un interés personal profundo en el resultado de su enjuiciamiento. Ese interés crea un motivo para dar un testimonio falso y, por lo tanto, el testimonio del acusado deber ser sometido a escrutinio y aquilatado con cuidado.” La instrucción del juez socavó la presunción de inocencia; llevaba aparejada la implicación que este acusado tenía un motivo para mentir, y, por extensión, que era culpable. No hay, después de todo, motivo para mentir en la mente de un acusado inocente. La probabilidad es que el juez en Prince Gaines no tuvo la intención de predisponer al jurado para que diera un fallo condenatorio; los jueces se acostumbran tanto a ver a acusados culpables delante de ellos a través de los años que con frecuencia adoptan una posición casi subconsciente de suponer que la mayoría de los acusados son culpable, porque de otro modo no se encontrarían en primer lugar en un tribunal. Tal “modo institucional de pensar” puede infundirse en las palabras y en el lenguaje corporal de los jueces sin que se den cuenta.
El jurado al fin y al cabo determinó que Gaines era culpable y Gaines fue sentenciado a 92 meses de encarcelamiento. Pero Gaine interpuso una apelación a su sentencia condenatoria. El tribunal de apelaciones anuló la orden del tribunal de distrito denegando la moción de exclusión de pruebas, citando el conflicto entre los testimonios del Oficial Cilento y el chofer del taxi con respecto a la condición del taxi. Aun cuando parte del testimonio de Cilento fue exacto, el tribunal de apelaciones opinó que el conflicto en las pruebas tenía un impacto sobre la “credibilidad de las otras observaciones y testimonio [de Cilento].” El tribunal de apelaciones también revocó la sentencia condenatoria, determinando que la instrucción del juez de distrito al jurado “prejuició a Gaines y [se] requería un nuevo juicio.”
En resumen, el tribunal de apelaciones ordenó para Gaines “una nueva vista relativa a las pruebas con respecto a la moción [de Gaines] para la exclusión de pruebas,” y también que “[e]n caso que la moción sea denegada una vez más, [Gaines] tiene derecho a un nuevo juicio.”